Santo Domingo, RD.- El jurista constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas calificó el reciente proceso de evaluación realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como “otra oportunidad perdida” para fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Según el abogado, las decisiones adoptadas por dicho órgano al no ratificar a tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia constituyen un retroceso en el respeto a la Constitución y la independencia del Poder Judicial.
Rodríguez Huertas lamentó que el proceso no se ajustara a los principios de transparencia y legalidad que deben caracterizar este tipo de evaluaciones. Expresó que las decisiones tomadas carecen de justificación objetiva y generan dudas sobre la motivación real detrás de las separaciones.
Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Mismo que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche.
El abogado explicó que la Constitución es clara al establecer que los jueces solo pueden ser separados de sus cargos cuando existan razones legalmente fundamentadas. Sin embargo, subrayó que, en esta ocasión, “no se expusieron las causas ni se presentaron los informes de evaluación que debieron sustentar la decisión”. A su juicio, se trata de una actuación que “transgrede lo más sagrado de nuestro orden constitucional: el respeto a la dignidad humana y la independencia judicial”.
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Rodríguez Huertas consideró que el presidente Luis Abinader, a quien definió como “un hombre de convicciones personales ejemplares”, permitió que el ejercicio del poder “nublara sus principios institucionales” y se plegara a prácticas políticas que deberían estar superadas. “Pensé que esta vez sería diferente, que íbamos a tener un cambio en la forma de ejercer el poder. Pero lo ocurrido demuestra que el sistema político dominicano sigue sin aprender”, sostuvo.
El jurista recordó episodios anteriores en los que el CNM fue criticado por actuaciones similares, como la no ratificación de magistrados que expresaron votos disidentes en casos de alto perfil o la exclusión injustificada de jueces con reconocida trayectoria.
“Ya lo vivimos con el caso del magistrado Julio Aníbal Suárez en 2011 y con la magistrada Miriam Germán en el pasado. Ahora se repite el mismo patrón de arbitrariedad”, subrayó.
Rodríguez Huertas cuestionó además la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante la lectura de las decisiones del Consejo. Señaló que su papel “refleja un cambio notable” respecto a la posición crítica que el propio partido gobernante había asumido años atrás. Esto, cuando se oponía a que asesores del Ejecutivo participaran de esas deliberaciones.
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El abogado advirtió que esta situación evidencia un “intervencionismo político” que debilita las bases del sistema judicial y compromete la confianza ciudadana en las instituciones.
“El sistema de partidos políticos dominicano ya no tiene nada que aportar a la institucionalidad de la nación; seguimos repitiendo los mismos errores y cavando la tumba de nuestra democracia”, afirmó con preocupación.
En otro aspecto, el constitucionalista insistió en la necesidad de que las próximas evaluaciones —particularmente las del Tribunal Superior Electoral y las que restan en la Suprema Corte— se realicen bajo criterios objetivos, claros y públicos. “Debe existir una hoja de ruta juridificada que establezca con precisión los motivos, las calificaciones y las ponderaciones para cada decisión”, enfatizó.
Rodríguez Huertas concluyó su análisis exhortando a los actores políticos y al liderazgo nacional a recuperar el respeto por la Constitución y el Estado de derecho.
“El respeto al orden jurídico no puede ser selectivo ni depender de conveniencias políticas. Es la base de la igualdad, la justicia y la democracia. Si seguimos actuando al margen de esos principios, nos encaminamos al caos institucional”, sostuvo.