Defensa Pública no asignará defensores a empresas y organizaciones privadas

El Director Nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, informó que la institución no asignará defensores públicos para representar a empresas ni organizaciones privadas, de conformidad a la Constitución de la República y la Ley de la Defensa Pública.

Valentín explicó que el Servicio de Asistencia Legal Gratuito que brinda la Defensa Pública está concebido esencialmente para personas físicas y no para personas jurídicas.

“Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinados en requerir defensores públicos para defender empresas y organizaciones privadas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas interpartes”, señaló el funcionario.

El Director de la Defensa Pública señaló que en ningún país de Iberoamérica la defensa pública brinda asistencia a empresas privadas. Citó que el único caso con un modelo distinto es España, pero se limita a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios sociales y humanitarios, como ONGs y fundaciones. Eso no pasa con las empresas privadas (personas jurídicas) en República Dominicana.

Defensa Pública cuestiona asistencia a empresas privadas

La interpretación de los jueces para justificar la asistencia a empresas privadas es totalmente errónea. Consideran que cuando la ley y la Constitución hablan de “persona”, no establecen ninguna excepción.

Sin embargo, ignoran que la Constitución denomina “personas jurídicas” a las empresas privadas. Además, sus derechos fundamentales son distintos a los de las personas físicas.

El Dr. Valentín reiteró que la Defensa Pública respeta las decisiones de los tribunales del país. Sin embargo, afirmó que no caerá en “esa trampa mal intencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados”.

Indicó que la Defensa Pública ya presentó varios recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Estos recursos cuestionan decisiones judiciales relacionadas con dichos requerimientos. Hasta el momento, están pendientes de conocimiento.

Agregó que otros tribunales han adoptado una posición distinta sobre el mismo tema. En esos casos, declararon en rebeldía a las empresas y continuaron el proceso contra los imputados, es decir, las personas físicas.

A estos últimos nunca les han negado el servicio de asistencia técnica. De esta manera, pueden ejercer sus medios de defensa durante el proceso.

Como miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y coordinador del Caribe, el Dr. Valentín sostuvo que ninguna defensoría pública de la región brinda asistencia a empresas u organizaciones privadas.

La Oficina Nacional de la Defensa Pública reafirmó su compromiso de garantizar el derecho a la defensa. Este servicio está dirigido a las personas que no cuentan con recursos para pagar un abogado privado.

La institución también señaló que mantiene como prioridad la atención a los sectores más vulnerables del país.