Observatorio de Derechos Humanos respalda nuevo modelo de patrullaje

El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, Manuel Meccariello, calificó la implementación del nuevo modelo de patrullaje anunciado por el Gobierno como un paso importante para proteger a la ciudadanía. Este modelo entrará en vigor a partir de la primera semana de junio y tiene como objetivo combatir los altos niveles de criminalidad.

Según informaron las autoridades, el plan contempla la incorporación de 1,100 agentes que serán distribuidos en 72 cuadrantes previamente delimitados. Estos agentes contarán con mayor formación, rutas específicas, asignaciones diarias y recursos tecnológicos que les permitirán actuar con eficacia y control.

Meccariello destacó la importancia de que estos agentes estén debidamente capacitados en derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas. Señaló que este enfoque, acompañado de un entrenamiento adecuado y el uso de cámaras corporales funcionales, brinda mayores garantías a la ciudadanía de que no se repetirán episodios de uso excesivo de la fuerza ni los denominados «intercambios de disparos».

«La seguridad no puede sustentarse en la discriminación»

Asimismo, advirtió que es fundamental que los agentes policiales actúen con especial cuidado para evitar equivocaciones basadas en prejuicios sobre el vestuario, la apariencia física o el origen social de una persona. “No se puede seguir considerando como sospechoso a un ciudadano solo por cómo viste o por vivir en un determinado barrio. La seguridad no puede sustentarse en la discriminación”, enfatizó.

“El compromiso con una seguridad ciudadana que respete los derechos fundamentales representa un avance significativo. Equipar a los agentes con tecnología de monitoreo y reforzar su formación ética y legal es una señal clara de que la protección de la vida y la integridad humana es una prioridad”, agregó.

El Observatorio reiteró su disposición a colaborar en los procesos de formación y monitoreo, al tiempo que exhortó a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en condición de vulnerabilidad.