Obispo Castro Marte se opone a que se limite acceso a los expedientes judiciales

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, expresó este viernes su respaldo a la posición de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que ha rechazado la reciente «Política de Protección de Datos del Poder Judicial» emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Castro Marte denunció que la medida, de aprobarse, podría promover la opacidad y restringir el acceso público a la información judicial, atentando contra la transparencia y los derechos de los ciudadanos.

Mediante un mensaje publicado en la red social X, el obispo señaló que la política en cuestión contraviene el derecho constitucional al acceso público a los expedientes judiciales y otorga a la SCJ un poder discrecional excesivo para ocultar datos relevantes. «Fomentaría la opacidad judicial a la SCJ, un poder discrecional para ocultar información esencial para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas», opinó Castro Marte.

La SDD, que había recibido una invitación al diálogo por parte del presidente de la SCJ, Henry Molina, expresó en una misiva del 19 de noviembre de 2024 que la política propuesta representa una violación a preceptos constitucionales y legales que garantizan el derecho de los ciudadanos a la información sobre procesos judiciales. La organización advirtió que esta medida dificultaría el acceso a fuentes públicas y privadas de interés colectivo, limitando la transparencia de la justicia.

Críticas a la»Política de Protección de Datos» del Poder Judicial

Además, la SDD criticó el fundamento legal de la SCJ, afirmando que la interpretación de diversas leyes para justificar la política es errónea. En su opinión, la SCJ contradice disposiciones legales que sí protegen el acceso a los expedientes judiciales y omite aspectos de la Constitución, como el ordinal 4 del artículo 69, que consagra el derecho a un juicio público, oral y contradictorio.

Por su parte, el obispo Castro Marte subrayó la importancia de proteger la transparencia y de que el Poder Judicial se ciña a sus competencias, recordando que la Constitución limita sus funciones a la administración de justicia y no le otorga potestades legislativas.

La SDD también puntualizó que la Ley 172-13, sobre la protección de datos personales, deja claro en su artículo 1 que las fuentes de información periodística no se verán afectadas por su aplicación. Este aspecto refuerza el argumento de que la política de la SCJ no se ajusta a la legalidad vigente y que el acceso a la información, tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución, debe ser respetado para garantizar la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.