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Santo Domingo. El debate sobre la minería en República Dominicana no se ha cerrado con el caso Romero. Por el contrario, el panorama actual evidencia un nuevo frente de discusión, marcado por decenas de permisos de exploración activos y solicitudes en proceso que mantienen el tema en la agenda pública.
De acuerdo con datos vinculados al sector, actualmente existen 40 permisos de exploración minera vigentes en el país. Además de otros 86 que esperan turno para evaluaerlos las autoridades competentes. Este escenario confirma que la actividad minera continúa expandiéndose, más allá de proyectos específicos que han generado controversia social y ambiental.
El ambientalista Luis Carvajal aseguró que esas concesiones mineras otorgadas a la empresa GoldQuest deben revisaela, luego de que el Poder Ejecutivo ordenara la detención de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana.
El experto explicó que la zona conocida como “El Valle”, donde se desarrollaría el proyecto minero en San Juan, posee cuencas hídricas débiles. También ecosistemas sensibles.
Algunos proyectos autorizados
Estos son algunos de los permisos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas a empresas mineras para la exploración de los terrenos montañosos de la Cordilerra Septentrional.
Cobre- El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo, son algunos de los proyectos de exploración concedidos en múltiples comunidades de la cordillera Septentrional, a empresas mineras denominadas Vertrixi Holding, s.r.l; Proyecto Minero Gold Rain, s.r.l; y Unigold Resources, Inc, respectivamente.
¿Se cierra el debate minero o apenas comienza?
Aunque sectores empresariales sostienen que la minería representa una oportunidad para dinamizar la economía y atraer inversión extranjera, grupos comunitarios y organizaciones ambientales advierten sobre los posibles impactos ecológicos y sociales.
En este contexto, la discusión sobre la minería en República Dominicana parece estar lejos de concluir. Más allá de Romero, el país enfrenta una etapa decisiva en la que deberá equilibrar inversión, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
La pregunta persiste: ¿se cerró el debate con un proyecto específico o apenas comienza una nueva etapa en la política minera nacional?
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