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Corrupción pública podría conllevar hasta 20 años de prisión

Rosalba Ramos explicó que el nuevo Código Penal contempla penas de hasta 20 años de prisión por corrupción pública, además de decomiso e inhabilitación.

La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó las sanciones que contempla el nuevo Código Penal dominicano para los delitos de corrupción pública, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.

Durante su acostumbrada cápsula formativa en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, Ramos detalló que la legislación incluye figuras como concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, sobrevaluación, malversación y peculado.

El artículo 284 define la corrupción pública como la conducta mediante la cual un funcionario o servidor público utiliza su cargo para obtener beneficios económicos o ventajas indebidas para sí mismo o para terceros, o emplea recursos estatales con fines particulares.

Las explicaciones fueron ofrecidas durante el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.

Las penas dependen del monto involucrado

Ramos explicó que las sanciones varían según la cantidad de dinero vinculada al hecho.

Cuando el monto no supera los 20 salarios mínimos del sector público, la pena será de tres a cinco años de prisión menor.

Si supera los 20 salarios mínimos y llega hasta 1,000 salarios mínimos, la sanción aumenta a cinco a diez años de prisión mayor.

En los casos donde el monto exceda los 1,000 salarios mínimos, la pena podría alcanzar entre 10 y 20 años de prisión mayor.

También contempla decomiso e inhabilitación

Además de la prisión, el Código Penal establece el decomiso de los bienes derivados del delito y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Esto de acuerdo con los períodos establecidos por la legislación.

Ramos destacó que estas disposiciones buscan fortalecer la transparencia y proteger el manejo correcto de los recursos estatales.

La magistrada advirtió que quienes utilicen una posición pública para obtener beneficios ilícitos pueden enfrentar consecuencias penales, conforme a las nuevas disposiciones.

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