A la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se le proponen modificar los artículos 9, 11, 13, 22, 26 y 27. Los mismos contienen aspectos contrarios a la Constitución. Estos, vulneran derechos fundamentales, contradicen principios de transparencia en la administración pública y suplantan funciones de otras entidades del Estado.
Al artículo 9 de la ley vigente 1-24, se le plantea cambiar el numeral (1). Esto, para que, las investigaciones llevadas a cabo por la DNI, cumplan con el debido proceso de ley.
Nuevas modificaciones
De igual forma, que sea una autoridad competente que determine que esas actividades atentan contra los intereses u objetivos nacionales.
También se modifica lo dispuesto en el numeral (8), para que el control de ingreso y salida de personas extranjeras del territorio nacional. Esto, para que cumpla el debido proceso de ley, y la DNI, actúe como un colaborador de la Dirección General de Migración.
Sobre el artículo 11
Gustavo Sánchez propuso en el proyecto de modificación, que, para la entrega de informaciones a la DNI, deba contar previamente con una orden judicial de un tribunal. Además de cumplir los procedimientos y formalidades legales, proteger y garantizar el derecho a la intimidad y el honor de las personas.
En este artículo se le ordena a la DNI, que, para hacer una investigación contra una persona, debe elaborar una carpeta que contenga nombre del investigado. Así como también, objeto y fecha de inicio de la investigación.
Según artículo 11
En el artículo 11 de la ley promulgada por el Poder Ejecutivo en el mes de enero, se indica que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, están obligadas a entregar a la DNI, todas las informaciones que esta requiera, sin orden de un juez.
En el artículo 13, también se propone que sea una autoridad competente que determine que las actividades objeto de investigación por el director nacional de inteligencia. Misma que atentan contra los intereses u objetivos nacionales.
Los cambios al artículo 22 de la ley 1-24, procuran que los recursos económicos de los que disponga la DNI. Que se sujeten a los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, entre otros.
A los artículos 26 y 27 de la normativa en vigencia, se le eliminan las sanciones de prisión contenidas en ambos articulados.
Se recuerda que, tras su promulgación en enero del presente año, la ley que crea la DNI, ha sido objeto de fuertes críticas por contener esta norma, aspectos que amenazan y violan derechos fundamentales. Así como la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes.
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