Santo Domingo, RD.- La Sociedad Dominicana de Diarios defendió este martes la propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, recientemente depositada en el Congreso, que busca actualizar la legislación nacional para adaptarla a las nuevas formas de comunicación, incluyendo plataformas digitales como Google, redes sociales y buscadores.
La iniciativa, que sustituiría la antigua Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación, adscrito al Ministerio de Cultura, y la eliminación de la actual Comisión de Espectáculos Públicos.
El presidente de la Sociedad de Diarios, Persio Maldonado, afirmó que el nuevo instituto contaría con independencia administrativa y presupuestaria. También señaló que la propuesta incluye disposiciones para regular plataformas tecnológicas internacionales que operan en el país, como parte del proceso de modernización legal.
“Esta ley se adapta a una nueva realidad comunicacional, en la que plataformas digitales como Google también deben estar sujetas a normas”, expresó Maldonado.
La normativa mantiene la prohibición de la censura previa y garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero también establece sanciones como la suspensión de espacios, aplicación de multas y exigencias de rectificación, en caso de que se utilice este derecho para afectar la reputación o integridad de personas.
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Reacciones mixtas en el Congreso
El proyecto ha generado reacciones mixtas en el Congreso. El diputado Charlie Mariotti Jr. (PLD) advirtió que “la intención no debe ser restringir la libertad de expresión, porque ningún ente puede limitarla”.
Por su parte, Rogelio Genao (PRSC) expresó su preocupación, al señalar que “regular no debe convertirse en coartar”. En contraste, el legislador oficialista Eugenio Cedeño (PRM) defendió la necesidad de que “toda libertad esté sujeta a responsabilidades legales”.
La ley también dedica un apartado especial al tratamiento de contenidos que involucren menores de edad, y establece que no se podrá restringir el derecho a expresarse mediante abusos de controles, ya sean oficiales o particulares.
