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Santo Domingo, RD.– Con la entrada en vigencia este miércoles de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, el director general de esa entidad advirtió que los funcionarios que hagan negocios con el Estado se exponen a sanciones penales de hasta diez años de prisión.
En tal sentido, representantes de la sociedad civil valoraron la normativa como un avance clave en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
A partir de ahora, funcionarios y legisladores que negocien con el Estado podrían enfrentar penas de hasta diez años de cárcel. Sanción penal que no existía en la legislación anterior y que busca cerrar el paso a prácticas que por años han drenado los recursos públicos.
El director general de Compras y Contrataciones Públicas advirtió que el nuevo régimen sancionador es ahora mucho más severo, e incluye modalidades de contratación diseñadas para elevar los niveles de transparencia.
Al asegurar que casos emblemáticos de corrupción administrativa han tenido como punto de partida las compras públicas, representantes de la sociedad civil valoraron la nueva legislación. Consideran que, endurece las reglas del juego en la contratación estatal.
Para los representantes de FINJUS y Participación Ciudadana, el reto ahora será la aplicación efectiva de la normativa. Especialmente, en un país donde las compras públicas superan los 200 mil millones de pesos al año. Recuerdan que este volumen de recursos históricamente ha estado en el centro de los principales escándalos de corrupción.
Por Yarilis Calcaño
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