SANTO DOMINGO-. El proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, busca transformar el sistema de compras del Estado dominicano mediante un nuevo marco legal que promueva la transparencia, la eficiencia y el desarrollo sostenible.
Esta iniciativa legislativa sustituirá la actual Ley 340-06, y tiene como finalidad establecer un régimen jurídico moderno que regule las contrataciones públicas, fortaleciendo los controles y sanciones ante irregularidades, al tiempo que impulsa el uso de la tecnología y la ética en la administración de los fondos públicos.
Objetivos principales del proyecto de ley
De acuerdo con la propuesta aprobada por los diputados, los objetivos específicos de la nueva normativa son:
- Modernizar el marco legal: Derogar la Ley 340-06 y establecer un nuevo marco regulatorio que se ajuste a las necesidades actuales del país.
- Fortalecer la transparencia: Garantizar procesos abiertos en todas las etapas de la contratación, con información pública y accesible.
- Mejorar los controles: Establecer mecanismos más estrictos para prevenir irregularidades y asegurar la correcta ejecución de los contratos.
- Aumentar la eficiencia: Optimizar el uso de los recursos públicos y agilizar los procedimientos administrativos.
- Promover la ética: Reforzar los principios éticos para evitar conflictos de interés y conductas corruptas en las contrataciones.
- Fomentar la competencia: Asegurar la participación justa y equitativa de todos los proveedores en los procesos del Estado.
- Impulsar el desarrollo sostenible: Integrar criterios económicos, sociales y ambientales en las decisiones de contratación pública.
Enfoque integral y uso de la tecnología
Además de los objetivos mencionados, el proyecto plantea la aplicación transversal de criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten la adopción de tecnologías en los procesos de contratación, como parte de una visión integral de mejora de la gestión pública.
Principales medidas y sanciones de la ley
Prohibición a exfuncionarios: Durante el año siguiente a su salida, los exfuncionarios no podrán tener relación comercial o profesional con la institución que dirigieron ni con sus dependencias. Esta disposición busca evitar conflictos de interés.
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Sanciones por declaraciones falsas: Se impondrán penas de uno a tres años de prisión a quienes presenten declaraciones juradas falsas para registrarse como proveedores o participar en licitaciones.
Sanciones a servidores públicos: Los funcionarios que intervengan de forma dolosa en contrataciones podrán enfrentar penas de dos a cinco años de cárcel y multas de hasta 50 salarios mínimos.
Transparencia institucional: Todas las instituciones deberán publicar en sus portales oficiales los contratos celebrados, procesos de compras y resultados, garantizando el acceso a la información.
¿Qué sigue para Ley de Contrataciones Públicas?
A solicitud del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la pieza fue aprobada este martes en primera lectura. El miércoles será leída íntegramente en el hemiciclo y el jueves se espera su aprobación en segunda lectura, para ser remitida al Senado.
Aunque el Senado ya había aprobado el proyecto en 2024, su avance se detuvo en la Cámara de Diputados por falta de acuerdos con sectores.
