Santo Domingo. El abogado constitucionalista Nassef Perdomo afirmó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal ha estado marcada por confusiones derivadas del proceso de aprobación y publicación de la norma, situación que, a su juicio, genera incertidumbre jurídica tanto para los operadores del sistema de justicia como para la ciudadanía.
Perdomo explicó que el Código Penal de 2025 entró en vigor el 5 de agosto, mientras las modificaciones posteriores seguían sin publicarse en la Gaceta Oficial. Agregó que esa situación puede generar dudas sobre qué norma aplicar, según la fecha del hecho delictivo y la entrada en vigor de las reformas.
Las declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.
Cuestiona el proceso de implementación del Código
El jurista consideró que el Congreso actuó de forma apresurada al aprobar tanto el Código como sus modificaciones, sin conceder un período de vacación legal más amplio que permitiera a jueces, fiscales, abogados y ciudadanos conocer adecuadamente los cambios. Según sostuvo, esta situación crea dificultades para determinar qué versión de la legislación debe aplicarse en determinados casos y complica la persecución de los delitos.
Perdomo señaló que algunas modificaciones al Código representan avances, especialmente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, afirmó que aún existen disposiciones demasiado amplias que pueden afectar la seguridad jurídica y generar decisiones distintas en casos similares.
Asimismo, expresó reservas sobre la tendencia del nuevo Código a trasladar al ámbito penal conflictos que podrían resolverse por otras vías. Como ejemplo, mencionó los casos de difamación e injuria y consideró que deberían mantenerse sanciones civiles o económicas, pero no penas de prisión.
Finalmente, Perdomo sostuvo que el país deberá construir una nueva jurisprudencia para interpretar las disposiciones del Código Penal. Además, advirtió que el Tribunal Constitucional tendrá un papel determinante al conocer las acciones de inconstitucionalidad contra la nueva legislación y sus reformas.