Mujeres políticas difieren en aprobación del proyecto de Código Penal que cursa en el Senado

Santo Domingo, RD. – En momentos en que el Senado de la República se esfuerza en aprobar un nuevo Código Penal, mujeres políticas entienden que la pieza que se estudia no preserva todos los derechos de las mujeres. Esto se debe a que no les ofrece la oportunidad de elegir sobre su cuerpo.

“Y yo tengo la misma preocupación de las mujeres en términos generales, tener un código que sea garantía de los derechos de todos y todas, y que haya libertad de elegir y se proteja la vida de las mujeres. En el momento en que la doctrina religiosa se convierte en política, termina la democracia”, expresó Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional.

Por su lado, la diputada Juliana O’Neal se muestra más optimista. Ella señala que son más las bondades del código en discusión en el Congreso Nacional.

“Pero entiendo que en lo que debemos enfocarnos es en darle al país una pieza que pueda venir a juzgar de manera efectiva todas estas situaciones, sucesos, crímenes que hace 20, 50 años no existían”. Manifestó la diputada de la FP Juliana O’neal.

Las consultadas se refirieron al tema durante el Tercer Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas que organiza Ciudadanía Fémina. En ese evento, se entregó la primera edición del Premio Periodista Pía Rodríguez a la periodista Yamira Taveras.

El evento contó con la participación de líderes feministas, políticas, periodistas destacadas, congresistas y funcionarios de Gobierno.

En ese sentido, la abogada Patricia Santana, especialista en temas jurídicos y de derechos humanos, en una entrevista en Despierta con CDN, señaló que el proyecto de Código Penal actualmente en discusión representa un retroceso en materia de derechos fundamentales. A su juicio, la redacción actual del documento no responde a los estándares internacionales de derechos humanos. Tampoco responde a las necesidades sociales del país.

Igualmente, la abogada advirtió que, lejos de garantizar la vida y dignidad de las mujeres, introduce ambigüedades legales. Estas podrían legitimar la violencia estructural y limitar la protección de sectores vulnerables.

Jonan González