Ministerio Público pide prisión preventiva para imputados en operación Lobo

El Ministerio Público solicitó la noche de este miércoles prisión preventiva como medida de coerción contra imputados en expediente contra la presunta red de corrupción. Compuesta por coroneles activos, generales retirados y empresarios, quienes figuran entre un grupo de 15 detenidos en el marco de la operación Lobo.

Según las autoridades, se trata de una supuesta estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos por más de 100 millones de pesos a cambio de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

La procuradora adjunta y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, tras depositar la solicitud de medida de coerción, informó que el órgano acusador cuenta con una amplia base probatoria para sustentar la solicitud de prisión preventiva ante el tribunal correspondiente.

Sobre la operación Lobo

La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.

Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Instituciones afectadas y la investigación del caso

Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.