El Ministerio Público anunció este viernes que apelará la decisión judicial que ordena el pago de más de RD$7.5 millones a uno de los imputados del caso de presunta corrupción vinculado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al considerar que el fallo está «plagado de vicios procesales graves».
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que la decisión emitida por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pese a que, según el órgano acusador, ese tribunal quedó desapoderado del expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción, que posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado adelantaron que presentarán un recurso de apelación dentro del plazo legal de 20 días. Al considerar que la magistrada desnaturalizó la figura de la astreinte y fijó una suma «exorbitante» que, en la práctica, pretende convertirse en una indemnización a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
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Pepca cuestiona indemnización por un teléfono celular
La decisión judicial dispone el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con la devolución de bienes ocupados durante la investigación. De acuerdo con la Pepca, el procesado ya recibió los bienes reclamados y únicamente mantiene pendiente la entrega de un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor estimado ronda los RD$3,000.
El Ministerio Público también sostuvo que el tribunal actualmente apoderado del caso de corrupción carece de competencia para conocer ese tipo de reclamación, al no tratarse de un tribunal administrativo.
Álvarez Carbuccia figura entre los imputados del expediente que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros acusados de integrar una presunta red de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos para el sistema de semáforos y videovigilancia del Gran Santo Domingo.
Juicio iniciará en agosto
Según la acusación del Ministerio Público, Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant. Mientras que los demás procesados enfrentan cargos por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad. Así como eldelitos de alta tecnología, uso de documentos falsos, contrabando y violación a la Ley de Armas.
La Pepca recordó que el grupo enviado a juicio el pasado 5 de junio y que el proceso será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuya primera audiencia está fijada para el 11 de agosto.
