Representantes de Mipymes que participaron en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) reclamaron al Gobierno detener la entrega de anticipos correspondientes a contratos cuya adjudicación ha sido cuestionada y pidieron revisar los procesos realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Durante una protesta cívica, los oferentes solicitaron que se hagan públicas, dentro de los límites legales, las documentaciones de los procesos y que se realicen nuevas inspecciones a las cocinas seleccionadas para comprobar su existencia y capacidad operativa.
Elizabeth Beriguete, consultora Mipyme, consideró necesario fortalecer los controles sobre el uso de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.
“Ya está bueno. Con el dinero de la comida de los estudiantes no se negocia ni se juega”, afirmó.
Los participantes aseguraron que han presentado recursos de reconsideración y jerárquicos debido a diferencias que, según sostienen, encontraron en las puntuaciones, inspecciones y adjudicaciones. También cuestionaron cambios en centros y raciones mientras esos procedimientos permanecen pendientes.
Proponen auditoría independiente
Los oferentes plantearon que las fotografías, formularios, evaluaciones y puntuaciones sean revisados por peritos independientes. Además, solicitaron investigar denuncias sobre supuestos pagos o intermediaciones relacionados con habilitaciones, calificaciones y adjudicaciones, sin identificar a personas específicas.
Otra de las propuestas es realizar una auditoría forense con especialistas en contratación pública, análisis de datos, informática, logística e inocuidad alimentaria.
Los representantes pidieron a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y al Gobierno responder los recursos antes de entregar los anticipos, con el argumento de que una entrega previa podría afectar el alcance de eventuales decisiones administrativas.
“No queremos destruir al Inabie; saquemos del sistema las prácticas nocivas”, plantearon los participantes.
Los manifestantes señalaron que sus reclamos buscan fortalecer la transparencia de las contrataciones sin poner en riesgo la continuidad del Programa de Alimentación Escolar.
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