Ministerio Público incauta más de 70 mil útiles escolares falsificados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo

A través del Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público y con investigadores policiales del Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional, se realizaron tres allanamientos en establecimientos comerciales de la avenida Duarte. Los establecimientos son propiedad de ciudadanos asiáticos y es ahí en donde fueron incautados alrededor de 5,000 artículos escolares falsificados.

Encabezados por los fiscales Marineldy Peña, Miguelina de Palma y Rafael Reyes, los operativos confirmaron que los útiles decomisados presentaban signos distintivos falsificados, en violación a la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En otro allanamiento, efectuado en la Zona Colonial del Distrito Nacional, los fiscales ocuparon en una imprenta decenas de textos escolares falsificados. También, máquinas, planchas de impresión y demás equipos utilizados para reproducirlos ilícitamente. Estos hechos constituyen una violación a la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, en perjuicio de autores dominicanos.

Asimismo, en un operativo realizado en San Isidro, municipio Santo Domingo Este, la fiscal Lauridelissa Jiménez, adscrita a la Unidad de Propiedad Intelectual, incautó más de 65,000 productos escolares falsificados. Entre ellos se encuentran: mochilas, loncheras y cartucheras, lo que eleva a más de 70,000 los útiles ocupados en estos operativos. Este constituye uno de los casos más significativos contra la falsificación de marcas en el país.

Marcas alertan sobre incremento de falsificaciones en el país

Rosalba Ramos, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, advirtió que «el uso indebido de signos distintivos reconocidos por las marcas induce al consumidor a creer que adquiere un bien legítimo». En realidad —precisó— se trata de copias de baja durabilidad y sin estándares de calidad.

«Esta práctica no solo constituye un fraude que afecta la lealtad comercial, sino que también vulnera el derecho constitucional de los consumidores a recibir información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios que adquieren», subrayó.

Desde las marcas afectadas se ha alertado sobre el incremento de falsificaciones en distintos puntos del país, especialmente en zonas comerciales informales. La preocupación no se limita al daño económico o reputacional, sino también a los riesgos para la salud, ya que muchos de estos productos se fabrican sin controles de calidad ni certificaciones. Padres que adquieren mochilas, loncheras o cartucheras creyendo que son originales terminan recibiendo artículos que se rompen fácilmente, desprenden olores fuertes y utilizan materiales inseguros.

Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y titular de la Unidad de Propiedad Intelectual, destacó que «el uso fraudulento de una marca registrada afecta directamente a los empresarios que invierten en calidad y reputación, pero también a las familias que confían en esos productos, sobre todo cuando se trata de útiles escolares para sus hijos».

El Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estos en aras de garantizar un comercio justo y seguro para la ciudadanía.