El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.
En la instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
Asimismo, participaron en el proceso el procurador de corte Héctor García y los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía. También intervinieron los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat, responsables de la operación del establecimiento, incurrieron en delitos graves. Se les acusa de homicidio involuntario y de causar golpes y heridas involuntarias. Ambos hechos están tipificados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La investigación se originó por una instrucción específica de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso. Ella comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para encabezar el proceso penal. El objetivo es determinar las causas que provocaron la caída del techo de la discoteca Jet Set Club.
Evaluación fiscal
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.
Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.
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