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Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público valoró de forma positiva la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC). Esta reafirma la condena de cinco años de prisión impuesta a Nelson Rizik Delgado por el delito de lavado de activos.
Rizik Delgado fue procesado junto a su hermano, quien ya cumplió una pena de 10 años de reclusión. En agosto de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia. Eliminó la imputación por narcotráfico, pero mantuvo la condena por su vinculación con el ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas.
El fallo del TC ratifica la decisión previamente adoptada por la Suprema Corte y valida, a su vez, las sentencias emitidas en primera y segunda instancia. Estas habían determinado una condena de cinco años de prisión, con suspensión condicional, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos.
Bienes incautados pasarán al Estado
El dictamen también respalda el decomiso de diversos bienes muebles e inmuebles a favor del Estado dominicano. Incluye una finca de siete mil tareas localizada en la comunidad Ana Santana, municipio Sabana Grande de Boyá.
La sentencia, identificada como TC/1046/24, fue emitida el 30 de diciembre de 2024. Recientemente fue notificada a Ramona Nova Cabrera, procuradora de corte interina y titular de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Al referirse al fallo, Nova Cabrera destacó que la decisión fortalece la lucha del Ministerio Público contra el crimen organizado. Esto confirma la legitimidad de las sanciones impuestas a conductas consideradas graves para la sociedad.
“La sentencia está alineada con el tipo de penalización que deben recibir actos de esta naturaleza, absolutamente reprobables en nuestro país”, expresó la procuradora.
Los tribunales previamente comprobaron, a través de las evidencias aportadas por el órgano acusador, que Nelson Rizik Delgado participó activamente en el encubrimiento de las acciones de su hermano. Para ello, registró bienes a su nombre, firmó documentos públicos, recibió dinero, y actuó como representante ante terceros. Simuló ser el propietario legítimo de los bienes obtenidos ilícitamente.
Voto disidente
A pesar del consenso mayoritario del TC, la magistrada Alba Luisa Beard Marcos emitió un voto disidente. En su opinión, el alto tribunal incurrió en una incorrecta interpretación del concepto de “plazo razonable”. Por lo tanto, entendía que debía acogerse el recurso de revisión y anular la decisión de la Suprema Corte de Justicia.
El Tribunal Constitucional estuvo compuesto por los jueces Napoleón R. Estévez Lavandier (presidente), Eunisis Vásquez Acosta, José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana y José Alejandro Vargas Guerrero.
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