Santo Domingo, RD. – La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal. Es contra de los miembros de una presunta red delictiva que habría estafado a 192 personas por un monto superior a los 124 millones de pesos dominicanos. Esto fue mediante ofertas engañosas de inversiones rentables.
La instancia fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. En contra de Gabriel Emilio Cáceres Araujo, Kristie Marie Cabral Romero y otros implicados. Quienes operaban a través de la empresa Pipschasers Capital, S.R.L., utilizando esta como fachada para simular legalidad en sus actividades.
Promesas falsas de inversión
Según el expediente, los acusados se hacían pasar por corredores de bolsa y representantes de fondos de inversión. Bajo esa apariencia, lograron captar aproximadamente RD$124,575,700, afectando tanto a ciudadanos como al Estado dominicano.
La acusación, elaborada por la procuradora fiscal Lewina Tavárez Gil, titular interina de la Dirección de Delitos Financieros, contiene más de 276 pruebas. Entre ellas se incluyen documentos, testimonios y peritajes técnicos, recabados conforme a los principios del debido proceso por la institución del Ministerio Público.
Contratos engañosos y maniobras para ocultar fondos
El Ministerio Público explica que los contratos firmados con las víctimas omitían de manera intencional información clara sobre el destino real de los fondos. Esto constituye una maniobra fraudulenta destinada a inducir al error.
Se identificaron múltiples transferencias entre cuentas controladas por los imputados, lo cual evidencia un esquema de circulación financiera diseñado para dificultar el rastreo de los recursos, los cuales fueron utilizados para fines personales.
Medidas judiciales y antecedentes
Gabriel Cáceres Araujo permanece en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. En tanto, Kristie Cabral Romero cumple medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.
El Ministerio Público también destacó que ambos fueron condenados anteriormente por crímenes similares en un proceso de acción privada.
Finalmente, la entidad persecutora resaltó que la acusación contiene pruebas sólidas que vinculan de manera individual a cada uno de los implicados con los hechos investigados, según el Ministerio Público.
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