Miguel Surun considera ilegal decisión de la JCE de otorgar apellidos a ilegales en estado de abandono

Santo Domingo, RD.-  El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, consideró este jueves como ilegal e inconstitucional que la Junta Central Electoral (JCE) pretenda asignarles apellidos a menores ilegales en estado de abandono.

De acuerdo al jurista la Resolución 03-2017 mediante la cual la JCE pretende asignarle apellidos a menores ilegales en estado de abandono, usurpando funciones que son propias de los jueces de la República y del Consejo Nacional de la Niñez, según indican los artículos 6, 126, 129 y 211 de la Ley 136-03 del Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Dijo que dicha medida es preocupante el hecho de que instituciones emitan resoluciones que claramente desbordan el ámbito de su competencia, atentando contra del Estado Derecho.

• Contenido relacionado: Crece oposición a resolución JCE que asignará apellidos a niños sin identidad abandonados

Manifestó que el artículo 212 de la Constitución establece la competencia de la JCE, planteando que es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes, lo que refleja que solo tiene competencia en asuntos electorales y administrativos, en materia electoral.

Surun Hernández añadió que además sería violatorio a la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil que los oficiales del Estado Civil en franca violación a sus facultades y registros de actos de civil, ya sea voluntarios o judiciales, procedan  a modificar el Estado civil de la personas, insertando nombres sin que una sentencia judicial ordene dicha modificación, al margen de los procedimientos Constitucionales.

Hace un llamado a la Junta Central a que deje sin efecto dicha resolución a todas luces atentatoria al Estado de Derecho, que constituye no solo un abuso de poder, sino la usurpación de funciones que comprometería la responsabilidad de quienes la ejecuten.

“Esto no se trata de consultas para modificar dicha resolución, se trata de a que a la Junta Central Electoral  carece de poder alguno en esa materia”, expresó Surun Hernández.