Esa medida debe hacerse sin perjuicio

Santo Domingo, RD.- Un miembro del Consejo del Poder Judicial depositó una querella contra el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, a quien acusa de supuesta corrupción y mal manejo.

El consejero Leonardo Tineo, con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezó una rueda de prensa, en donde reveló que el presidente Molina Peña ha desvinculado a varios empleados sin justificación para nombrar a allegados.

Recio Tineo acusa a Luis Henry Molina de prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y desfalco en perjuicio del poder judicial, lo que constituyen numerosos actos de corrupción. La denuncia cuenta con el respaldo del Colegio de Abogados y de Pablo Miguel Peña, registrador de Titulos.

Indicó que depositarán esa documentación en la Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional y el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se abra un juicio contra el presidente de la Suprema.

Asimismo, lo acusa de haber destruido todos los mecanismos de fiscalización de recursos públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La acusación establece además que Luis Henry Molina privilegió a personas relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado Gobierno.

La instancia elevada ante la PGR responsabiliza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de violar la Ley de Carrera Judicial con el despido y desvinculación masivos de servidores judiciales para incluir allegados con salarios exorbitantes.

Leonardo Recio Tineo, quien se hizo acompañar del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández y otros directivos del gremio, solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones pertinentes, a los fines de confirmar la ocurrencia de graves irregularidades que envuelven cuantiosas sumas de dinero.

La instancia establece que de manera extraña Luis Henry Molina realizó licitaciones y contrataciones con nuevas empresas, dejando de lado a otras que por años ofertaron servicios al Poder Judicial.

Dentro de las imputaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia está haber desviado y transferido de manera irregular, los fondos de pensiones de servidores judiciales y de haber manejado cientos de millones de pesos al margen de la Constitución y el reglamento de control interno, aprobado por el Consejo del Poder Judicial.

El miembro del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo y del CARD, Miguel Surun Hernández, piden a la Procuraduría General de la República determinar las responsabilidades del presidente de la Suprema y de aquellos funcionarios del Poder Judicial y de la Jurisdicción Inmobiliaria que han incurrido en manejo fraudulento de los recursos del sistema del Poder Judicial.

Miguel Surún Hernández afirmó que esta instancia confirma las denuncia que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo sobre los supuestos manejos turbios por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

“Esto confirma la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional tomen carta en el asunto suspendiendo al actual presidente de la Suprema, Luis Henry Molina e iniciando el proceso de su destitución”, afirmó Surún Hernández.

Dijo que esa medida por faltas graves debe hacerse sin perjuicio del correspondiente sometimiento a la justicia por la responsabilidad penal que generan los actos fraudulentos.

El abogado Luis Henry Molina fue seleccionado el 4 de abril como presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante comunicado público, del Consejo Nacional de la Magistratura.

Molina era presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) al momento de ser designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Molina es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desarrolló estudios de postgrado en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue director de la Escuela Nacional de la Judicatura, institución adscrita a la Suprema Corte de Justicia, desde 1998 hasta 2010, logrando posicionar la institución como escuela modelo en América Latina.

Desde el 2012 al 2016 fue viceministro de la Presidencia de la República Dominicana.

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