Santo Domingo, RD.- Durante años en los tribunales se ventiló la supuesta venta irregular de los terrenos de asentamiento de Los Tres Brazos. El caso se presentó por primera vez en un tribunal en el 2016.
Sin embargo, tras ocho años, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ratificó la sentencia del tribunal de primer grado que declaró la extinción de la acción penal, casi dos años después que en otro fallo se anulara ponerle fin a la persecución.
La decisión deja una pregunta de fondo: ¿qué pasos quedan ahora para esclarecer los hechos y determinar si hubo corrupción y responsabilidades?
En ocho años, el expediente avanzó entre investigaciones, acusaciones, audiencias y recursos judiciales. Sin embargo, el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los principales factores para que el proceso no llegara a una sentencia definitiva. Para los afectados y sectores que reclamaron justicia, desenlace que representa un duro golpe después de un prolongado esfuerzo por establecer responsabilidades.
La extinción del proceso por el transcurso del plazo legal significa que la persecución penal ya no puede continuar en los mismos términos respecto de los hechos alcanzados por la prescripción.
Esto no equivale necesariamente a declarar que los acontecimientos denunciados nunca ocurrieron, sino que el Estado perdió la posibilidad de continuar la acción penal cuando vencieron los plazos establecidos por la ley.
Ante este escenario, uno de los primeros pasos debe ser conocer con precisión el alcance de la decisión judicial.
Además, las partes involucradas pueden evaluar los recursos que todavía permita el ordenamiento jurídico, dependiendo de las razones y fundamentos utilizados por el tribunal.
Asimismo, será necesario determinar qué aspectos del expediente quedaron definitivamente cerrados y cuáles podrían mantener alguna vía legal abierta.
Otro punto fundamental es establecer qué ocurre con los terrenos y con las personas que alegan haber sido perjudicadas.
El cierre de la vía penal no necesariamente responde todas las controversias relacionadas con la propiedad, los títulos, las transferencias o los posibles daños económicos. Por ello, podrían existir discusiones en otras jurisdicciones, siempre que la legislación permita plantearlas y que no hayan prescrito las acciones correspondientes.
El caso también deja pendiente una discusión sobre la gestión del patrimonio público. Especialmente si durante el proceso surgieron documentos, contratos, registros o actuaciones administrativas que permitan identificar irregularidades, las autoridades competentes deberían revisar qué consecuencias administrativas o patrimoniales pueden derivarse de esos hechos, dentro de los límites establecidos por la ley.
Para los residentes de Los Tres Brazos, el problema trasciende el expediente judicial. Esto así porque durante años, muchas familias han vivido bajo la incertidumbre relacionada con la titularidad de los terrenos que ocupan.
Ante esta realidad, una respuesta institucional debería procurar claridad sobre la situación jurídica de las propiedades y evitar que el cierre del proceso penal se traduzca también en el abandono de las personas que esperan una solución.
El Ministerio Público y las instituciones responsables del patrimonio estatal también enfrentan el reto de explicar públicamente qué ocurrió con la investigación y por qué un proceso que se extendió durante ocho años terminó sin una sentencia sobre el fondo.
Una explicación transparente ayudaría a establecer responsabilidades institucionales y a identificar posibles fallas que hayan contribuido a que el tiempo agotara la posibilidad de obtener una decisión judicial.
El caso Los Tres Brazos debería servir además para revisar los mecanismos utilizados por el Estado para proteger sus terrenos y prevenir operaciones irregulares.
Ocho años después, el principal desafío es evitar que el expediente termine simplemente archivado en la memoria pública.
Si existen vías legales todavía disponibles, corresponde a las partes explorarlas. Si algunas acciones ya no pueden ejercerse por efecto de la prescripción, las instituciones deben explicarlo con claridad.
El caso deja, finalmente, una conclusión difícil de ignorar: una investigación que comenzó con fuertes cuestionamientos sobre la administración de terrenos estatales no llegó a una sentencia definitiva sobre el fondo después de ocho años. Ahora corresponde determinar qué puede hacerse dentro de la ley, qué derechos permanecen vigentes y qué lecciones deben extraerse para impedir que otros casos de interés público corran la misma suerte.
Por la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos se acusó el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío; al exgerente inmobiliario de Corde, Manuel Joaquín Aybar Ferrando; y al exconsultor jurídico, Irvin José Cruz Crespo. También a la representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L, Juana Ynés Gómez Williams.
Asimismo, resultaron favorecidos con la decisión de la Corte, Domingo Gerardo Legrón, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa); Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, empleados de esa empresa y Lisetel González Sánchez.
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