El anuncio de la ministra Faride Raful que República Dominicana tendrá un registro de agresores sexuales a partir de 2026 abre la discusión sobre cómo funciona este mecanismo en otras naciones. La experiencia internacional muestra modelos diversos, que van desde bases de datos públicas hasta registros reservados exclusivamente para las autoridades judiciales.
La ministra de Interior y Policía detalló que todos los condenados por delitos sexuales deberán inscribirse en este registro. Con ello, el Ministerio Público y la Policía Nacional podrán dar seguimiento continuo a los agresores. “Es una forma de garantizar vigilancia permanente en todo el territorio”, aseguró.
La noticia coincide con la conmoción causada por José Antonio Glass, alias “Yoyon”, apresado por la muerte de un niño en Sabana Perdida. Glass había cumplido una condena por abuso sexual en 2009. Este hecho encendió las alarmas sobre el riesgo de reincidencia y la falta de un control efectivo en casos de depredadores sexuales.
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Países con registro de agresores sexuales y cómo funcionan
En otras partes del mundo ya existen “listas negras” de agresores sexuales con diferentes niveles de acceso. ¿Qué países muestran sus datos al público y cuáles los reservan para la justicia
EE.UU. y Perú: acceso directo para los ciudadanos
Estados Unidos fue pionero con su “Megan’s Law”, que permite a cualquier persona conocer quiénes son los agresores sexuales en su vecindario. En Perú, desde 2018 funciona un sistema similar, donde los ciudadanos pueden buscar nombres y fotos en un portal público.
Europa: control cerrado, foco en rehabilitación
En el Reino Unido y Alemania, la información de agresores se guarda en registros confidenciales, usados solo por la policía y tribunales. La lógica es controlar sin exponer públicamente a los condenados, para equilibrar seguridad con reinserción social.
América Latina: avances y vacíos
México lanzó en 2019 su registro nacional, aunque con acceso restringido. En Colombia y Chile, los debates legislativos siguen abiertos. La región se mueve hacia mayores controles, pero con diferencias sobre cuán público debe ser el acceso.
La pregunta…
El debate se centra en un dilema: proteger a la ciudadanía mediante la exposición pública o priorizar la privacidad y la reinserción. República Dominicana tendrá que decidir qué camino seguir.
