Durante más de cinco años de gestión gubernamental, el presidente Luis Abinader ha separado de sus cargos a varios funcionarios señalados o involucrados en escándalos de presunta corrupción administrativa, como parte de su política de “tolerancia cero” frente a las irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
El caso más reciente es el de Rafael Féliz García, destituido este viernes de la dirección del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA). Esto, luego de que salieran a la luz denuncias sobre supuestos descuentos irregulares a los salarios de empleados de esa institución.
A lo largo de la actual administración, otros altos funcionarios también han resultado removidos de sus cargos tras investigaciones periodísticas, auditorías oficiales o procesos judiciales.
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Casos más relevantes
- Santiago Hazim, destituido del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por presuntas irregularidades en contratos de medicamentos, pagos millonarios sin respaldo de servicios y la operación de un supuesto “call center paralelo” para autorizaciones fraudulentas.
- Hugo Beras, separado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), acusado de adjudicación fraudulenta de contratos millonarios en el caso judicial conocido como Operación Camaleón, por asociación de malhechores y estafa al Estado.
- Luis Michel Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, removido tras destaparse un fraude millonario en sorteos, judicializado en la Operación 13.
- Adán Peguero, destituido como director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), por anomalías detectadas en un contrato con la empresa Mia Cargo Group.
- José Leonel Cabrera (Neney), quien renunció a la dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep). Esto, tras denuncias de irregularidades en el programa Pinta tu Barrio, relacionadas con licitaciones a empresas presuntamente fantasmas.
- Luz del Alba Jiménez, exministra de la Juventud, separada del cargo por intentar favorecer empresas específicas en procesos de licitación para la compra de equipos tecnológicos.
- Lisandro Macarrulla, quien primero solicitó licencia y luego renunció como ministro de la Presidencia. Esto, tras la vinculación indirecta de su hijo en el caso de corrupción administrativa Operación Medusa.
- Víctor Castro, destituido como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con la alimentación escolar y la compra de útiles.
- Cecilio Rodríguez, también separado del Inabie, por supuestas irregularidades en la adjudicación de raciones escolares.
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Estas destituciones han marcado la actual gestión gubernamental. También han sido utilizadas por el Poder Ejecutivo como evidencia de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras varios de estos casos continúan su curso en la justicia.
