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Aprueban Ley de Alquileres con tope de depósitos y aumentos

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. A solo días de haber sido declarado perimido en el Senado, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles fue reintroducido por el presidente de la Cámara de […]

Andrés Tovar
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A solo días de haber sido declarado perimido en el Senado, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles fue reintroducido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y aprobado nuevamente en primera lectura durante la legislatura extraordinaria. La medida busca contratos regulares de arrendamiento y procesos de desahucio en la República Dominicana.

La propuesta legislativa fue incluida en la agenda de este martes, liberada de trámites y enviada de inmediato a la comisión especial encabezada por el diputado Amado Díaz, con un plazo de un día para rendir informe. Se espera que este miércoles sea aprobado en segunda lectura y reenviada al Senado junto al proyecto de reforma al Código Penal.

Lo que debe saber sobre la Ley de Alquileres

  • El tope de depósito será de tres meses para viviendas.
  • El aumento de la renta no podrá superar el 10% anual.
  • Los desalojos sin orden judicial serán penalizados.
  • El proyecto se reenvía al Senado esta misma semana.

Tres depósitos como máximo y tope en aumento de alquiler

Entre los puntos centrales, el proyecto establece que el arrendador solo podrá exigir hasta tres meses de depósito para viviendas. Para alquileres comerciales o sin multas de lucro, el monto del depósito podrá ser acordado libremente entre las partes.

Los depósitos deberán guardarse, con consentimiento mutuo, en el Banco Agrícola o el Banco de Reservas , y el reajuste de la renta solo podrá hacerse si hay acuerdo entre las partes, sin exceder un 10% anual para viviendas, según dispone el artículo 8.

El proyecto prohíbe desalojos sin orden judicial

El texto también prohíbe los desalojos sin orden judicial, estableciendo sanciones conforme a la Ley 396-19 sobre uso de la fuerza pública. De hecho, el proyecto anterior contemplaba hasta cinco años de prisión para propietarios, abogados o alguaciles que incumplieran ese procedimiento.

En cuanto a las reparaciones, la normativa aclara que los inquilinos solo responderán por los daños causados por el uso directo del inmueble, descartando la obligación general de asumir daños estructurales ajenos al arrendamiento.

Pacheco defendió el relanzamiento del proyecto, argumentando que ya fue ampliamente debatido y modificado tras dos vistas públicas. «Se escuchóon los reclamos. Este proyecto tenía ruido, pero ya no lo tiene. Muchas instituciones están a la espera de su aprobación», afirmó ante el pleno.

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