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La empresa Cartesa fue intervenida el pasado 29 de octubre por operar presuntamente sin permisos, emplear extranjeros de manera irregular y almacenar combustible sin autorización.
Residentes de la comunidad de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, manifestaron su respaldo al cierre de la fábrica de cartón Cartesa, de capital chino, luego de que las autoridades detectaran una serie de irregularidades en sus operaciones. La posición de los comunitarios coincide con la de funcionarios de Estados Unidos que también han expresado su respaldo a las acciones contra la empresa.
La planta y las irregularidades detectadas
La planta industrial está ubicada en una zona apartada, aproximadamente dos kilómetros antes de llegar al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. El complejo está integrado por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles que, de acuerdo con la información disponible, era utilizado para oficinas y residencias.
La instalación está rodeada por una pared de concreto y no presenta identificación visible en su fachada. Al momento del recorrido, en el frente del establecimiento se observaba un letrero con la inscripción «Obra paralizada», como señal de que las operaciones permanecían detenidas.
Operación sin permisos y almacenamiento de combustible
De acuerdo con los datos ofrecidos sobre el caso, Cartesa habría estado funcionando sin contar con los permisos correspondientes ni con la autorización de uso de suelo. También se le atribuye el empleo de trabajadores extranjeros en situación irregular y el almacenamiento de combustible sin cumplir con las disposiciones legales.
En el marco de las intervenciones realizadas, las autoridades reportaron incautaciones de combustible valoradas en aproximadamente RD$2.25 millones. Estas irregularidades motivaron la actuación de distintas instituciones estatales para verificar las condiciones en las que operaba la compañía.
Comunitarios favorecen que se mantenga el cierre
Los residentes de Las Parras consideran que la paralización de la fábrica debe mantenerse ante las presuntas violaciones a las normativas vigentes. Su respaldo se fundamenta en la necesidad de que las empresas establecidas en la zona cumplan con los requisitos legales y las disposiciones de las autoridades.
Intervención de las autoridades
La intervención de Cartesa se produjo el 29 de octubre y estuvo encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, con la participación de la Dirección General de Migración y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de los controles estatales sobre las actividades industriales, especialmente en lo relacionado con los permisos de operación, el uso de suelo, la contratación de mano de obra extranjera y el almacenamiento de materiales inflamables.
Mientras continúan las consecuencias de la intervención, la comunidad mantiene su posición favorable a que la empresa no retome sus operaciones. Esto hasta que se esclarezcan las irregularidades señaladas y se determine el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades.
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