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Tribunal conocerá esta tarde solicitud medida de coerción a exministros imputados en caso Calamar

La magistrada Kenya Scarlet Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá este martes a las 4:00 de la tarde la solicitud de medidas de coerción a los exministros y demas imputados por el caso Calamar. La magistrada Romero fijó la audiencia luego de ser apoderada la noche de este lunes […]

La magistrada Kenya Scarlet Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá este martes a las 4:00 de la tarde la solicitud de medidas de coerción a los exministros y demas imputados por el caso Calamar.


La magistrada Romero fijó la audiencia luego de ser apoderada la noche de este lunes de la solicitud depositada por el Ministerio Público en el caso de los exministros, el abogado Ángel Lockward y otros 16 coimputados en el referido proceso.

Entre los apresados se encuentran los exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, y demás procesados por solicitud del Ministerio Público.


La audiencia de medida de coerción es el escenario donde el juez realiza la verificación de la pertinencia o no de la imposición de una de las medidas consignadas en el Código Procesal Penal, cuya finalidad es que el o los investigados (as) se presenten a las audiencias y actos del proceso y garantizar el desarrollo de la investigación conforme al debido proceso.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecucióndela Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, indicó que han solicitado la imposición de prisión preventiva para los arrestado y que se declare complejo el proceso, a los fines de contar con un mayor plazo para ampliar la investigación.

Para conseguir sus pretensiones, Ortiz sostuvo que han elaborado un documento de más de 3 mil páginas que narran los hechos que se imputan y aportan más de mil 200 elementos de pruebas documentales.

Para el órgano persecutor, hasta tanto se amplíe la investigación, los vinculados a expropiaciones de terrenos de manera irregular deberán responder por los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos, y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente.

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