La jueza Kenya Romero, coordinadora del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó este domingo, por segunda ocasión, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra los vinculados en el caso Calamar, acusados de distraer del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
La audiencia se conocerá el miércoles 29 de marzo con el objetivo de que darle la oportunidad a la defensa de los imputados de preparar su medio de defensa.
Se recuerda que la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, aseguró el martes pasado que el Ministerio Público logrará la imposición de los 18 meses de prisión solicitados como medida de coerción para los imputados.
En el caso figuran como imputados exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, y demás encartados en acto de corrupción.
Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el mes pasado, saludó a los periodistas y
reiteró su inocencia.
La audiencia de medida de coerción es el escenario donde el juez realiza la verificación de la pertinencia o no de la imposición de una de las medidas consignadas en el Código Procesal Penal.
Dicha finalidad es que los investigados se presenten a las audiencias y actos del proceso, así como garantizar el desarrollo de la investigación conforme al debido proceso.
En el caso además figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
