Justicia

Piden un año de prisión preventiva contra 15 apresados en Operación Cattleya

Piden prisión contra 15 apresados durante Operación Cattleya
Piden prisión contra 15 apresados durante Operación Cattleya

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra 15 personas acusadas de integrar una red transnacional dedicada a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial, la cual fue desarticulada mediante la Operación Cattleya.


La solicitud estaba prevista para conocerse este domingo, pero la jueza Elianni Mena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo jueves a los fines de que las defensas puedan tomar conocimiento del expediente presentado por el órgano acusador.


Al respecto, la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Johanna Bejarán Álvarez dijo que cuentan con un expediente sólido.

«Es un expediente voluminoso que supera las 190 páginas, igual el grosor de las pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción», indicó la fiscal al hablar con los periodistas, a quienes también dijo que solicitaron que el caso sea declarado complejo.


Los apresados durante la Operación Cattleya, y que fueron sometidos a la justicia son José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu (a) Daniel, José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, Oscar Wicene, Melvin José Valentía Peguero, Cristina Virginia González Hernández.


Además, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (A) Fior.


Como también Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Diaz (a) Carlos.

De acuerdo a los fiscales, la red se dedicaba a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para luego prostituirlas en la República Dominicana.


Establecieron que la red movilizaba a las jóvenes mujeres, que eran retenidas el Distrito Nacional y La Altagracia, con la promesa de un trabajo bien remunerado. Supuestamente en Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de hasta 400 dólares por noche.


Una vez traídas al país, precisó el órgano acusador, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda con las redes que las movilizaban y les obligaban a consumir drogas.

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