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PEPCA pudiera someter penalmente a juez destituido; podrían revisar sus sentencias

A raíz de la destitución del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró y las  recomendaciones que hace el Consejo del Poder Judicial, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) pudiera someter penalmente al ex magistrado. Asimismo, del PEPCA obtener una sentencia condenatoria, podrían revisar  solicitar la revisión de la sentencia emitida en el […]

A raíz de la destitución del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró y las  recomendaciones que hace el Consejo del Poder Judicial, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) pudiera someter penalmente al ex magistrado.

Asimismo, del PEPCA obtener una sentencia condenatoria, podrían revisar  solicitar la revisión de la sentencia emitida en el caso de Los Tres Brazos.

Aunque para algunos juristas se trata de una acción sin precedentes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa podría llevar ante los tribunales ordinario al destituido juez Juan Francisco Rodríguez Consoró para procesarlo por corrupción, tomando como sustento la decisión administrativa de su destitución y las pruebas sobre los alegados recursos económicos que recibió a cambio de decisiones judiciales.

De procesar al juez que emitió el Auto de No a Lugar a favor de la imputados en el caso de Los Tres Brazos, y obtener una sentencia  condenatoria por supestamente recibir dinero a cambio de favores o sentencias, abogados entienden que el Ministerio Público pudiera recurrir las sentencias irregulares en las que se comprobará que el juez no actuó conforme a las leyes.

Para destituir al juez, adscrito a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Consejo del Poder Judicial valoró las supuestas diligencias que realizó el magistrado para favorecer a un cuñado que fue allanado por el caso de César El Abusador.

Además, tomó en consideración las pruebas sobre el pago de 20 mil dólares que le hiciera llegar un procesador por narcotráfico para que le otorgará su libertad en ocasión de una solicitud de medida de coerción en su contra.

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