Santo Domingo, RD.-El ex procurador Jean Alain Rodríguez acusó a la Procuraduría General de la República de manipular la opinión pública mediante del uso mediático del juicio que se le lleva a cabo como supuesto cabecilla del entramado de corrupción denominado “Caso Medusa”.
A través de su Consejo de Defensa el ex funcionario envió un comunicado a los medios de comunicación donde hace la denuncia.
“Durante estos casi dos años de gestión, el Ministerio Público ha tratado de manipular la opinión pública a través de una estrategia mediática y publicitaria que procura ocultar y distraer a la población de los crímenes y delincuencia que nos afectan, utilizando como entretenimiento los juicios mediáticos y una manipulada persecución de la corrupción, de la misma forma que lo hacía el Imperio Romano, dando pan y circo a sus ciudadanos”, explica Jean Alain Rodríguez en un documento de cuatro páginas.
Según Rodríguez con esta actitud el Gobierno a través del Ministerio Público quiere que la población olvide los casos de delincuencia que afectan a la población.
Asimismo tilda de políticas las acciones del Ministerio Público en contra de la corrupción, porque a su juicio ese organismo solo actúa contra los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, sin dar igual tratamiento a los casos de la actual gestión.
“La persecución política y la estrategia de pan y circo se hace aún más evidente al notar también que en los últimos 2 años no hay un solo preso del partido que designó por decreto a estas personas, a pesar de los tantos escándalos de corrupción que el propio Ministerio Público ha tratado de ocultar”, indica.
“Ministerio Público manipulador contra la corrupción. Pan y Circo”, es el título que Jean Alain Rodríguez da a este documento que dirige a la opinión pública.
De igual manera califica de perversa la filtración a la prensa de documentos, pruebas y auditorias que deben ser debatido en los tribunales.
“Por igual y con seguridad la parte más perversa del show mediático del Ministerio Público, consiste en filtrar a la prensa y la opinión pública las solicitudes de medida de coerción e informe de la Cámara de Cuentas, documentos en parte para enseñar solo lo que le conviene, así como las acusaciones que contienen sus fantasiosas y dramáticas historias sin pruebas, circulándolas antes de que los investigados y sus abogados tengan acceso a estos documentos, dejándolos en un estado de indefensión nunca visto. Tanto es así de esto que estoy advirtiendo hace un tiempo, que circularon en franca violación a la ley, extractos de un documento que todavía no había llegado a mis manos, y solo presentaron aquello que les resulta conveniente de forma manipulada”, puntualiza.
Además aduce que ha sido privado de su libertad por “falsa sobrevaluación y vicios de construcción en las cárceles, sin ser ingeniero”.
Acusa además a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de utilizar métodos intimidatorios y de chantaje contra testigos que han terminado colaborando con el órgano persecutor.
Concluyó diciendo que espera que el escenario de la justicia su caso no reciba el mismo festinamiento que en las redes sociales y que el por el contrario “allí encuentre el espacio idóneo donde finalmente sea desenmascarada la fingida intención moralizadora”.
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Sobre Caso Medusa
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República. Según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal. Estos describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
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También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
