SANTO DOMINGO, RD.-Los imputados en el caso Medusa, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Herrajes Rachell SRL y César Nicolás Rizik Pimentel admitieron este martes los hechos que le imputa el Ministerio Público, declarándose culpable ante el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los imputados, el empresario Rizik Pimentel explicó que a su empresa se le propuso ser parte de los suplidores de alimentos de los centros penitenciarios a cambio de un porcentaje de las ganancias.
Las declaraciones se produjeron en el marco del juicio preliminar del caso Medusa, los imputados están agotando su derecho a la defensa.
En ese sentido, Rizik Pimentel admite los hechos y se declara culpable de asociarse para estafar al Estado con más de 130 millones de pesos a cambio de una participación minoritaria en beneficio de sus empresas.
“Nos ordenaron un porcentaje para beneficiar a nuestras empresas”, afirmó.
Dijo que está arrepentido y dispuesto a colaborar con el Ministerio Público para resarcir cualquier daño ocasionado.
Imputaciones
Mientras que Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social de la empresa Herraje Rachel, SRL, hizo un acuerdo órgano acusador consistente en tres años de prisión suspendida para colaborar con el proceso legal.
Según la acusación, las empresas Estrada Jackson, Rizik Pimentel y Rolando Rafael Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Jean Alain Rodríguez, ganaron licitación utilizando la falsedad de contenido como maniobra fraudulenta para estafar al Estado Dominicano.
Asimismo, indica que mediante el uso de firma y documentos falsos, Sebelén Torres, quien es cuñado del exprocurador, Estrada Jackson y Rizik Pimentel, a través de la Distribuidora Ropi SRL y la colaboración del señor José Alberto Abbott Brugal como “presta nombre”, obtuvieron dos contratos para los alimentos de las cárceles, por los que la Procuraduría General de la República pagó la suma de RD$131,019,966.84.
Por este caso se implica al exprocurador Rodríguez de liderar una red en la que el MP elaboró un expediente de 12, 274 páginas y contiene más de 3,500 pruebas e involucra a 41 personas físicas, 22 empresas, aproximadamente 400 testigos y se les imputa de defraudar el erario público con 6 mil millones de pesos.
