Un grupo de fiscales recurrió al Consejo Superior del Ministerio Público con la finalidad de denunciar las irregularidades cometidas por la Inspectoría General en la instrucción de los procesos disciplinarios.
En la instancia presentada ante el órgano superior de gobierno del Ministerio Público se precisaron casos concretos de fiscales cuya investigación disciplinaria había sido difundida en los medios de comunicación, aún sin haber sido realizadas pesquisas que comprometieran la responsabilidad administrativa de los investigados, en franca violación al debido proceso de ley y de la dignidad que como persona debe ser resguardada, máxime cuando se trata de un actor del sistema de justicia.
Posteriormente, en fecha 01-06-2020 aproximadamente 60 fiscales de toda la geografía nacional presentaron un “manifiesto de adhesión y respaldo” a la comunicación inicial; donde abordando el contexto constitucional vigente y el criterio claro, preciso y firme de la honorable Procuradora en cuanto al debido proceso; conminaron al Consejo Superior del Ministerio Público a fiscalizar la labor que realiza la Inspectoría General con la finalidad de que los derechos fundamentales que le asisten a los fiscales como ciudadanos y luego como miembros del sistema de justicia sean resguardados; protegidos y sean corregidas las irregularidades replicadas actualmente por la Inspectoría General en la investigación de los procesos contra los miembros del Ministerio Público.
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