Carlos Balcácer, abogado defensor de Jean Alain Rodríguez, aseguró este martes que presentará ante el juez un certificado de salud para que se le quite el grillete electrónico al exprocurador porque le causa irritación en la piel.
Balcácer explicó que cualquier elemento incómodo puede causar roces en el talón, por la barra de defensa presentará el certificado de salud ante el juez.
«Vamos a pedir la variación de la medida y consecuentemente que le quiten el grillete», sostuvo el abogado al salir de la audiencia que se aplazó hasta el miércoles y en la que se busca la libertad pura y simple del exprocurador.
Jean Alain Rodríguez fue favorecido por un juez con una orden de libertad condicional, quien dispuso que guarde prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y colocación de brazaletes electrónico.
Aplazan audiencia
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el miércoles el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
La decisión fue tomada por el juez Amauris Martínez, tras escoger un pedimento del órgano persecutor, quien solicitó más tiempo para conocer los nuevos presupuestos que aportó la defensa del exfuncionario.
“Se aplazó para el miércoles a las 2:00 de la tarde, porque el Ministerio Público y los abogados que dicen defender el Estado, no tienen los documentos que soportan la variación de la medida obligatoria contra Jean Alain Rodríguez”, manifestó Carlos Balcarce, parte del consejo de defensa de Rodríguez.
El jurista señaló que el único testimonio que mantiene bajo arresto domiciliario a su cliente, es el de Rainiery Medina, quien fue condenada a cinco años de prisión suspendida con relación a otro proceso diferente al caso Medusa.
Se recuerda que fue el 17 de enero cuando al exfuncionario le realizaron la última revisión de la medida de coerción, luego de haber cumplido los 18 meses de prisión preventiva que -a solicitud del Ministerio Público- le impuso en junio de 2021 la jueza de la instrucción Kenya Romero.
Se recuerda que por los supuestos actos de corrupción cometidos en la Procuraduría General de la República durante la pasada gestión de gobierno 22 personas y 41 empresa se encuentran sometidas a la justicia acusadas corrupción administrativa, asociación de malhechores, lavado de activos y otros delitos.
