El abogado Ángel Lockward se presentó a la Procuraduría General de la República luego de que su residencia fuera allanada la noche del sábado por su vinculación en una investigación por estafa al Estado de más de 17 mil millones de pesos en el Ministerio de Hacienda junto a José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
La casa del jurista fue allanada en la noche de este sábado durante el operativo denominado Operación Calamar puesto en marcha por la Procuraduría General de la República (PGR).
Ángel Lockward calificó la acción del ministerio público como una retaliación y dijo que podrá a disposición de la justicia.
Operación Calamar
El Ministerio Público reveló este domingo los nombres de al menos 15 personas arrestadas tras más de 40 allanamientos realizados por la Operación Calamar, el nuevo caso que levanta la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), entre los que se cuentan los ex ministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Además de los tres exministros fueron arrestados en la Operación Calamar el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, fueron arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El Ministerio Público los acusa de manera preliminar, asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Solicitarán coerción a implicados en Operación Calamar
La Procuraduría General de la República (PGR) reveló que el Ministerio Público se prepara para solicitar medida de coerción contra los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de Hacienda, Donald Guerrero y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta implicados en la Operación Calamar.
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