SANTO DOMINGO.-El abogado de Miguel Cruz, asesino confeso del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, dijo que el Estado dominicano debería estar sentado el banquillo de los acusados junto al imputado por el asesinato del funcionario.
El jurista Manuel Sierra puntualizó que, según la narrativa del Ministerio Público, su defendido llegó al Ministerio de Medio Ambiente aproximadamente a las 10 de la mañana y recorrió varias oficinas de la institución sin que la seguridad se percatara de que estaba armado.
“Porque el Estado dominicano actuó con negligencia, dice el Ministerio Público en su narrativa que él llegó ahí a las 1030 de la mañana, y hasta las 12 del mediodía…Eso era evitable…esta gente que tenía la responsabilidad de velar por la seguridad del ministro y de todo el que estaba ahí incurrieron en un descuido, y ese descuido que se le agrega al Estado dominicano debe tener consecuencias””, puntualizó al ser entrevistado por Julissa Céspedes durante el programa 55 Minutos de CDN, canal 37,
Aseguró que la seguridad del lugar no hizo lo que tenía que hacer para evitar el homicidio o la ocurrencia de una desgracia mayor.
Dijo que si el Ministerio Público quiere hacer una investigación objetiva debe tomarse un buen tiempo para saber exactamente que fue exactamente lo que pasó.
Manuel Sierra aseguró que las confesiones que le atribuye el Ministerio Público a su defendido deben ser refrendadas ante un juez.
“Esa confesión quien dice que se ha hecho es el Ministerio Público, o sea la confesión se hace frente al juez…no frente al fiscal, porque lógicamente es un persecutor por lo que esa confesión pudiera ser, en ocasiones, el fruto de coacciones o de una persona que no esté en sus cabales”, dijo el abogado.
Sierra asegura que se debieron hacer estudios forenses que indiquen si su cliente planificó, si sufrió un evento de locura o un acto de ira al momento de cometer el asesinato.
“Aquí solamente hay una versión…habría que esperar la versión del que está preso. Yo creo que el Ministerio Público se ha adelantado a dar versiones“, reiteró Sierra.
Dijo que la petición de un año de medida de coerción indica que el caso no está tan blindado de pruebas como ha dicho el órgano persecutor.
Puntualizó que aunque resulte desagradable es imprescindible que se investigue todo los sucedido previo al incidente.
