Santo Domingo, R.D. Durante una entrevista realizada en el programa La Voz de la Fiscalía, dirigido por los comunicadores Yuberkis Guante y Gerson Núñez, y transmitido por CDN Radio 92.5 FM, la abogada Anny Guzmán abordó los vacíos legales que persisten en el ordenamiento jurídico dominicano en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, particularmente en los casos de abuso físico y abuso sexual.
En el espacio radial, Guzmán explicó que el sistema jurídico dominicano cuenta con normas importantes de protección. Sin embargo, existe una brecha cuando se trata de sancionar el incumplimiento del deber de cuidado, vigilancia y protección. Este deber es responsabilidad no solo de los padres y tutores, sino también del Estado y la sociedad.
La jurista señaló que la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece de manera expresa deberes parentales. También fija consecuencias jurídicas frente a su incumplimiento, como ocurre en los casos de omisión de asistencia alimentaria o de desconocimiento del régimen de visitas. Esto evidencia que el legislador ya ha reconocido la necesidad de sancionar conductas que afectan los derechos fundamentales de los menores.
No obstante, advirtió que ese mismo marco normativo no cierra de forma expresa el vacío legal existente cuando se incumple el deber superior de proteger. Esto permite a conductas omisivas graves, como no prevenir, no denunciar o no intervenir frente a situaciones de riesgo o abuso, queden sin una respuesta penal clara y proporcional.
Guzmán señala vacíos legales que dificultan la protección efectiva de los menores
“Si la ley sanciona el incumplimiento de obligaciones parentales específicas, resulta incoherente que no exista una tipificación expresa cuando se incumple el deber mayor”, sostuvo Guzmán. Se refiere a la obligación de proteger la integridad física, psíquica y emocional de un niño.
Durante la entrevista, la abogada explicó que la omisión parental se configura cuando quien ostenta un deber de garante permanece inactivo. Esto ocurre incluso teniendo conocimiento del riesgo o la posibilidad real de actuar, facilitando que el daño ocurra o se prolongue.
Asimismo, se refirió al encubrimiento familiar como una práctica silenciosa que contribuye a la continuidad del abuso. Esto ocurre al normalizar el silencio, la tolerancia o la minimización del daño dentro del entorno más cercano del menor.
Guzmán destacó que la evidencia científica demuestra que la negligencia y la omisión parental constituyen las formas de maltrato infantil más frecuentes, con consecuencias emocionales, conductuales y neurológicas graves y duraderas, aunque muchas veces invisibles. Sin embargo, estos daños suelen quedar relegados en los procesos judiciales debido a una visión limitada de la prueba, centrada exclusivamente en la existencia de lesiones físicas visibles.
Vacíos legales y encubrimiento familiar agravan la protección de los menores
“En el sistema acusatorio no se exige un cuerpo físico, se exige prueba. El daño emocional y psicológico es real, objetivo y debe tener relevancia jurídica”, puntualizó.
Finalmente, Guzmán subrayó que su planteamiento no se limita a una respuesta punitiva. Señaló que constituye un llamado a la prevención y a la reflexión conjunta como sociedad, orientado a prevenir y no solo reaccionar frente a la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes.
“La ley asigna deberes de protección no solo a los padres, sino también al Estado y a la sociedad en su conjunto. Cuando todos miramos hacia otro lado, fallamos como sistema. Prevenir implica asumir esa responsabilidad compartida antes de que el daño ocurra”, expresó.
En ese sentido, insistió en que cerrar los vacíos legales mediante una tipificación clara de la omisión parental y el encubrimiento familiar es una herramienta de prevención. Esto permite fijar límites, generar conciencia y reforzar el mensaje de que la protección de la niñez no es opcional ni delegable.
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