A poco más de una semana para que concluya la presente legislatura en el Congreso Nacional, diputados de distintas bancadas no logran consenso sobre si es oportuno o no, someter a juicio político al pleno de la Cámara de Cuentas.
Los conflictos internos de la actual Cámara de Cuentas llegaron por primera vez al Congreso Nacional en 2022, cuando el presidente del ente auditor fuera acusado de acoso laboral.
Aunque aquel señalamiento contra el presidente de la Cámara, Janel Ramírez, acaparó la atención de la opinión pública, fue mayo 2023 que empezó a tomar fuerza la idea de un juicio político. Esto sucede luego de que Ramírez se definiera cómo un preso de confianza en la Cámara de Cuentas.
Los primeros en promover la idea de interpelar en el Congreso Nacional al pleno de la Cámara de Cuentas fueron legisladores de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Argumentan por un lado, que el ente auditor se convirtió en comité de base del oficialismo y por otro sostienen que al actual pleno se le venció el período de dos años que le confiere la ley 10-04.
Aquellos argumentos motivaron al vocero del PRM en el Senado, a alertar sobre una supuesta trama de la oposición para reemplazar al pleno de la Cámara de Cuentas.
Ahora, los papeles parecen haber cambiado con el oficialismo impulsando un juicio al pleno de la Cámara de Cuentas, mientras que la oposición lo rechaza.
Si finalmente ocurre no sería la primera vez que el pleno de la Cámara de Cuentas va a un juicio político. En julio del 2008 el Senado de la República destituyó a un integrante del pleno. A su vez, aceptó la renuncia del resto, por presuntas irregularidades en auditorías y alegados conflictos internos.
