Rechazó el método mediante el cual el Ministerio Público sometió para homologación dicho convenio
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, indicó que son improcedentes las pretensiones de la Procuraduría General de la República y la empresa constructora Odebrecht en torno a la homologación del acuerdo de compensación entre ambas partes para el pago de sobornos a cambio de contratos con el Estado dominicano.
De este modo, rechazó el método mediante el cual el Ministerio Público sometió para homologación dicho convenio.
Estableció que según la jurisprudencia de la que el país es signataria en la región, el Ministerio Público no puede intervenir en la conciliación.
El magistrado sentenció que en este caso ni el Ministerio Público ni la empresa le establecen al juez qué mecanismo quieren que sea usado por el juez para homologar el acuerdo, por lo que queda a discreción del magistrado dicho mecanismo.
En la motivación de su decisión, equiparó la situación que significa este acuerdo con el planteamiento de un remedio paliativo menor ante un hecho grave.
Destacó, asimismo, que “ambas partes reconocen que se están ante un hecho grave” tanto en el acuerdo como en la instancia del Ministerio Público.
El citado acuerdo establece que la empresa acusada de pagar sobornos a funcionarios a cambio de contratos de obras estatales deberá pagar una compensación de US$184 millones en un plazo de ocho años.
El magistrado aclaró que ya la empresa Odebrecht es imputada tras ésta admitir que incurrió en un acto ilícito.
No obstante, reconoció que el Ministerio Público quedó autorizado mediante el artículo 370 del Código Penal a llevar a cabo las labores en las que se logró tal acuerdo con la empresa de origen brasileño, mediante la conciliación.
El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, indicó que esperarán a que sea notificada la sentencia del juez para estudiar junto a la empresa tal decisión y decidir las acciones a tomar.
Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó que la posición oficial del Ministerio Público en torno a la decisión será dada a conocer en la sede de la Procuraduría General de la República.
De su lado, el dirigente político Manuel Jiménez saludó la decisión del juez e indicó que ese caso no puede ser despachado de ninguna manera con un acuerdo entre esas partes sino que debe ser sometido a una profunda investigación para que los responsables paguen debidamente ante la justicia.
