Santo Domingo, RD.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Cena, impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a cinco de los 12 imputados en el caso Gavilán.
Los siete restantes recibieron otras medidas coercitivas menos rigurosas, tras estos colaborar con el Ministerio Público y admitir los hechos.
Las distribución de las cárceles en las que cumplirán la medica los cinco preventivos son: uno en el CCR San Pedro, tres en Najayo y otro en Najayo 17.
Finalizada la audiencia la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resaltó que como solicitó el Ministerio Público se declaró la complejidad del proceso.
En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público
Yeni Berenice Reynoso
En ese orden, expresó que “los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida a aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unidos también a cinco personas más, en total siete personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción”.
Dijo que para la continuidad del proceso y de la investigación el Ministerio Público va continuar profundizándola. No solo con respecto a las personas a las que le han solicitado medidas de coerción, sino, aquellos, como algunos fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medida de coerción en esta primera etapa para el proceso.
El Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles, en este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa, en un caso en el que, lamentablemente, personal al que se le otorgó la confianza y tenían la obligación de proteger y gestionar la base de datos del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron una estructura criminal a cambio de soborno en una operación típica del lavado de activos retirar o adulterar más de 16,000 registros
Yeni Berenice Reynoso
En torno a la investigación, reiteró que hay varios fiscales que están bajo investigación.
Ustedes saben que el Ministerio Público no acostumbra a dar nombres hasta que no hace la imputación preliminar de cargos, pero en su momento, igual que todo, porque el tratamiento que le estamos dando, como es nuestra obligación Constitucional, es, sea de adentro, de la casa, como es este caso, sea de afuera, nuestra obligación es únicamente con la Constitución y con las leyes
Yeni Berenice Reynoso
Junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso representaron en la audiencia al Ministerio Público los fiscales Andrés Mena y Sourelly Jáquez.
Cobraban entre 8 y 15 mil pesos por alterar fichas
Los imputados en la operación Gavilán cobraban entre 8 mil y 15 mil pesos para borrar o alterar registros penales.
Según el órgano persecutor, a 16,958 personas resultaron beneficiadas por parte de los imputados de la Operación Gavilán.
En la audiencia de conocimiento de medidas de coerción uno de los acusados declaró que Adrián Donato Salcedo Rosario, mejor conocido como Cristian Casablanca, habría recibido ese servicio ilícito.
Encartados operación Gavilán
Los encartados son Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana y su esposa Laudelina Reyes Silva; Pilar Medina Trinidad y Yokaira Carmona. Además de Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Morbán Reyes, Anthony Ferrer Monegro, Romansqui Dotel Medina y Dilcia Núñez.
Imputados que colaboraron con el MP
Lograron acuerdos por colaboración: Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
De este grupo, solo Pilar Yrenes Medina Trinidad tendrá arresto domiciliario. A los demás se le impuso impedimento de salida del país y garantía económica.
