Santo Domingo, RD.- El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ha dictado un auto de no a Lugar a favor de Juan Asael Martínez en el caso Medusa. Martínez, quien anteriormente había sido beneficiado con un acuerdo penal abreviado retirado por el Ministerio Público, ha sido absuelto tras alegaciones de extorsión durante el proceso judicial.
Al emitir su decisión, el juez argumentó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para establecer que Martínez se asoció para cometer estafa contra la Procuraduría General de la República mediante la compra de alimentos para recintos carcelarios. En particular, se cuestionó la validez de una transferencia bancaria y un cheque, que según el juez no fueron concluyentes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.
El fallo también desestimó las querellas civiles. Estas presentadas por los abogados del Estado y la Fundación Alfredo Nobel, al no encontrar méritos suficientes para retener responsabilidades penales.
El caso Medusa continúa generando controversia y seguirá siendo vigilado de cerca por los sectores implicados en el sistema judicial dominicano.
Sobre los acuerdos en caso Medusa
El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, valió cinco nuevos acuerdos de imputados en el caso Medusa con el Ministerio Público. También aplicó dos criterios de oportunidad.
Otros cinco imputados en el caso Medusa pusieron fin a su proceso penal por corrupción al arribar acuerdos con el Ministerio Público, en los que reconocen su culpabilidad aceptan las condenas. También entregan bienes al Estado.
Al validar los acuerdos, el juez Amaury Martínez, el Tercer Juzgado de Instrucción, condenó a Cesarión Morel Grullón. También a la Constructora Morel Grullón a 1 año y 6 meses de prisión suspendida. Los mismos quedaron comprometidos a testificar, se ordenó la cancelación su registro mercantil y deberá entregar un terreno de más de 6, 500 metros cuadrados.
Igualmente, Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International fueron condenados a 3 años de prisión suspendida. Los mismos deberán testificar, se le cancelará su registro mercantil y deberán entregar equipos a la PGR por valor de 500 mil dólares.
Mientras que José Alberto Abbott Brugal, Distribuidora Ropi, Hilda Cristina Jackson. También Ropalma, Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros deberán pagar una multa de 722 mil 744 pesos. También se le cancelará su Registro Mercantil.
El Ministerio Público decidió aplicar un criterio de oportunidad a Giselle del Carmen Molano y Felipe Armando Fernández De Castro. El mismo por entender que no fue preponderante su participación en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado. Este con más de 6 mil millones de pesos, a través de la Procuraduría General de la República.
Los convenios de las partes oficializadas por la corte consistieron en criterios de oportunidad y penal abreviado. La admisión de estos acuerdos constituye el final del proceso para estos encartados.
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