SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero y Mabel Féliz, defendieron este martes que sea el Ministerio Público que investigue los delitos electorales y no un juez sustanciador, alegando que esa práctica es parte del pasado.
Consideraron que el Ministerio Público es uno y no se puede colocar otro en paralelo, sólo para tratar el tema electoral.
Las posiciones sobre el fiscal electoral se produjeron después de la aprobación del Reglamento Contencioso Electoral para regular ese organismo.
FJT se había pronunciado
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) lamentó este lunes que los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrados Marino Mendoza y John Newton Guiliani Valenzuela, objetaran el recién aprobado Reglamento Contencioso de ese organismo, “bajo el alegato, desconocimiento y confusión de que la persecución penal por delitos electorales le debería corresponder también a ellos como jueces y no al Ministerio Público como ha sido previsto en el reglamento”.
Trajano Potentini, presidente de la fundación, afirmó en un comunicado, de manera categórica, que “el monopolio de la investigación y persecución penal corresponde al Ministerio Público en todos los esquemas y escenarios, y que aun cuando se trate de jurisdicciones especializadas, como lo contencioso administrativo, medio ambiente y tierras también estarán bajo la egida y dependencia del Ministerio Público”.
Potentini resaltó la disposición constitucional contenida en el artículo 169 cuando dispone que: El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
Asimismo, la entidad explicó a los magistrados que cuando la ley orgánica del TSE establece que el alto tribunal conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la Ley Electoral, lo que se está refiriendo es al conocimiento en audiencia y posterior sentencia, nunca al proceso de instrucción persecución e investigación de la infracción en cuestión, reiteramos de la exclusiva competencia del Ministerio Público, ya sea electoral o de cualquier otra denominación.
