Santo Domingo.- Jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el Ministerio Público señala como víctimas de espionaje por parte de Jochi Gómez, ingresaron a la sala de audiencias del Tercer Tribunal Colegiado, donde se conoce la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la operación Camaleón.
Según Ministerio Público, establece que al allanar uno de los vehículos de Jochi Gómez encontraron un documento con los nombres de los jueces, abogados, ayudantes, alguacil de estrado, oficinista y alguacil.
A continuación mostramos el documento donde demuestra lo antes mencionado:
Acerca de operación Camaleón
La operación Camaleón surge de una investigación de supuestas irregularidades en contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latan SRL.
Las autoridades revelaron que los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Intrant, Hugo Beras. Asimismo, Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant. También Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant.
Otro de los principales implicados en el caso es José Ángel Gómez Canaán (Jochi). Quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Así como también, Carlos José Peguero Vargas.
Otras anomalías
Otra de las inobservancias detectada en la investigación de la operación Camaleón es la usurpación de identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado. Ya que colocaron cientos de cámaras en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización.
Asimismo, en la operación Camaleón se robaron y usaron identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento.
Igualmente, el Ministerio Público señaló que crearon una compleja red de espionaje satelital, en el que hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas. Los peritos indicaron que los acusados también colocaban drones en lugares estratégicos para luego usar los vídeos de manera ilícita.
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