El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Edward Abreu, rechazó el recurso de Habeas Corpus sometido por el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, con el propósito de salir de prisión.
Peralta, quien se encuentra vinculado en el caso de corrupción conocido como «Calamar,» definió como arbitraria su detención y expresó su frustración por la falta de consideración que ha recibido por parte de la justicia.
En su comparecencia ante la magistrada, Peralta manifestó su descontento ante el hecho de que no se le haya dado la oportunidad de ser escuchado.
Sintió que las decisiones judiciales se basaban únicamente en las declaraciones de terceros, sin tener en cuenta su versión de los hechos. El exministro cuestionó duramente la imparcialidad y la transparencia del proceso judicial que está enfrentando, mostrándose consternado por la aparente falta de justicia que ha experimentado.
José Ramón Peralta, quien fue apresado el pasado sábado 18 de marzo, explicó ante el tribunal los detalles de cómo se llevó a cabo su detención.
Pedro Balbuena, uno de los abogados de Peralta, tras la conclusión de la audiencia, en la que el exministro volvió a defenderse de las acusaciones en su contra, tildó de “arbitraria” la prisión de su defendido. Adelantó que apelarán la decisión judicial, cuya lectura integra será el próximo 3 de agosto.
Peralta y el exministro de Hacienda Donald Guerrero son los únicos imputados enviados a prisión de los veinte detenidos dentro de la llamada operación anticorrupción Calamar.
En el expediente también figura el excandidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y extitular de Obras Públicas Gonzalo Castillo, en arresto domiciliario.
El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión para los veinte imputados en este expediente, pero al final varió la solicitud para catorce de ellos después de que estos admitieran su participación en la supuesta estructura de corrupción.
El presunto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.
