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Investigan fraude millonario con terrenos del Estado en Puerto Plata

Investigan transferencias de más de cinco millones de metros cuadrados estatales en Puerto Plata, respaldadas por documentos cuestionados.

Más de cinco millones de metros cuadrados de terrenos propiedad del Estado están bajo investigación en Puerto Plata, luego de que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) denunciara una serie de operaciones que habrían permitido transferir esas propiedades a manos particulares mediante documentos cuya legalidad está en duda.

El caso gira en torno a la parcela 263 del distrito catastral número tres, ubicada en las proximidades del proyecto turístico Punta Bergantín y de la futura Autovía del Ámbar. La Fiscalía confirmó que recibió una querella presentada por el CEA para que se investiguen las transacciones.

Notas relacionadas

Uno de los elementos señalados en la denuncia es el contrato utilizado para sustentar las transferencias. Según la documentación presentada, el acuerdo está fechado en octubre de 2002 y corresponde a la compraventa de un solar localizado en la urbanización Brisas de Las Américas, en Santo Domingo Este.

Sin embargo, ese documento habría servido de respaldo para operaciones relacionadas con terrenos estatales ubicados en Puerto Plata, una situación que ha generado cuestionamientos sobre la autenticidad y legalidad de los procedimientos utilizados para registrar los cambios de titularidad.

El Consejo Estatal del Azúcar también sostiene que, después de concretarse las transferencias, fue constituida una hipoteca por un monto de seis millones y medio de pesos, como parte de las operaciones que ahora son objeto de investigación.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Documentos bajo revisión

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que depositó ante la Procuraduría General de la República, junto con el CEA, documentos relacionados con varias transacciones de características similares.

El funcionario explicó que las operaciones generan dudas sobre su legalidad y que los documentos utilizados podrían haber sido falsificados para perjudicar el patrimonio público.

Paliza confirmó su participación en la entrega de los expedientes y expresó que existen cuestionamientos sobre la validez de los registros correspondientes a esas propiedades.

Durante sus declaraciones, manifestó que tanto el Consejo Estatal del Azúcar como él mismo llevaron ante el órgano persecutor los documentos relacionados con una de las transacciones señaladas.

«Es cierto. Tanto el Consejo Estatal del Azúcar como quien les habla hemos depositado ante la Procuraduría General de la República los documentos correspondientes a una transacción de esas propiedades que no gozan en los registros del Gobierno de la solvencia y sobre cuyos procesos tenemos altas dudas. Parecerían falsificaciones», expresó.

Ministerio Público realiza diligencias

La investigación está a cargo del Ministerio Público, que ha realizado diligencias para examinar las operaciones y establecer si se cometieron irregularidades en el proceso de transferencia de los terrenos.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de las actuaciones, debido a que el expediente continúa en desarrollo y se busca determinar si los hechos denunciados constituyen delitos.

Entre los aspectos señalados en la querella y las declaraciones oficiales figuran:

  • Extensión de los terrenos: más de cinco millones de metros cuadrados pertenecientes al Estado.
  • Ubicación: parcela 263, distrito catastral número tres, en Puerto Plata.
  • Zona de interés: proximidades del proyecto turístico Punta Bergantín y de la futura Autovía del Ámbar.
  • Documento cuestionado: contrato de compraventa fechado en octubre de 2002, correspondiente a un solar en Brisas de Las Américas, Santo Domingo Este.
  • Operación posterior: constitución de una hipoteca por seis millones y medio de pesos.

El expediente busca establecer cómo un contrato relacionado con un inmueble de Santo Domingo Este habría sido utilizado en operaciones sobre propiedades estatales en Puerto Plata, así como identificar a quienes pudieran tener responsabilidad en las transacciones.

Por el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido detalles adicionales sobre los posibles involucrados ni sobre el resultado de las diligencias. La investigación deberá determinar la autenticidad de los documentos y si las transferencias denunciadas se realizaron al margen de la ley.

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