SANTO DOMINGO, RD.-Pese a la advertencia que hiciera el abogado de Transcor LP y su empresa socia Transore Latam, Carlos Balcácer, sobre desconectar los semáforos del Gran Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que estará garantizado el correcto funcionamiento de ese sistema público.
A través de un comunicado, la institución manifestó que “como órgano responsable de la gestión y regulación del tránsito y del transporte terrestre, aseguramos que las operaciones cotidianas de la red semafórica continuarán como de costumbre en las calles y avenidas de la ciudad, a través del Centro de Gestión y Control”.
Asimismo, el comunicado expresa que la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, le confiere al Intrant la atribución de supervisar la correcta señalización horizontal y vertical, así como la adecuada colocación de los dispositivos de control de tráfico en la red de comunicación vial, colocadas acordes con las especificaciones de los manuales nacionales e internacionales.
COMUNICADO #IntrantRD pic.twitter.com/loPOekenHB
— Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (@INTRANT_RD) November 8, 2023
Balcácer sugirió a la población retirarse temprano porque es un hecho que los semáforos dejaran de funcionar mañana, luego de que la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) suspendiera el contrato suscrito entre el Intrant y Transcore LATAM, S.R.L por supuestas irregularidades en el proceso de licitación.
La decisión de suspensión del contrato dispuesto por la DGCP estuvo contenida en la resolución RIC-156-2023, emitida en fecha 27 de octubre, la cual se encuentra disponible para su consulta en la sección Marco Legal de la página institucional de la DGCP.
Contrataciones Públicas había detallado que, tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector, se constató la existencia de elementos que permitían la adopción de una medida cautelar de oficio.
