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INTRANT desmiente pago de RD$25 millones a firmas de abogados 

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aclara que es falsa la información que circula sobre un presunto pago de 25 millones de pesos para la contratación de servicios legales. La institución precisa que actualmente está en curso un proceso de compras, bajo la referencia INTRANT-CCC-PEOR-2025-0002. Esto, con el objetivo […]

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aclara que es falsa la información que circula sobre un presunto pago de 25 millones de pesos para la contratación de servicios legales.

La institución precisa que actualmente está en curso un proceso de compras, bajo la referencia INTRANT-CCC-PEOR-2025-0002. Esto, con el objetivo de contratar los servicios de las firmas CURY & CURY, S.R.L. y ETC & Asociados, S.A.S. Todo conforme a los procedimientos establecidos por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento para ofrecer servicios legales durante un periodo de 12 meses (un año) contra prestaciones de servicios.

Este proceso aún no ha sido adjudicado, por lo tanto, no se ha firmado contrato ni se ha realizado pago alguno. La contratación fue debidamente programada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 de la institución. Y publicada de manera transparente en los portales correspondientes.

El INTRANT aclara que, una vez concluida la fase de evaluación y adjudicación, los contratos se suscribirán y registrarán conforme a la normativa. Solo entonces se realizarán pagos mensuales contra prestación efectiva de los servicios, durante un período establecido de 12 meses (un año).

Esta contratación responde a la necesidad institucional de fortalecer la capacidad jurídica del INTRANT. Además, agilizar trámites administrativos con implicaciones legales, y brindar soporte técnico a proyectos normativos, reglamentos, resoluciones y otras iniciativas regulatorias.

Asimismo, busca garantizar una defensa legal sólida ante los tribunales de la República Dominicana, salvaguardando los intereses del Estado dominicano.

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