Santo Domingo, RD.- El Poder Ejecutivo emitió el decreto 31-22 que instruye a toda institución pública encargada de programas de alimentación humana, al alivio de la pobreza, especialmente en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza, para que los procesos de compras que realicen, a fin de adquirir bienes producidos en el territorio dominicano y relacionados a su objeto, sean dirigidos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes).
También, dichas instituciones incluyen a la protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y adolescentes.
Esta disposición busca contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleos. Esto siempre que en el mercado existan Mipymes industriales que demuestren tener capacidad para suministrarlos.
Con el decreto se deroga el 86-20 del 21 de febrero de 2020. El que instruye a las instituciones a cargo de la ejecución de programas destinados al alivio de la pobreza. Además de la alimentación, nutrición escolar, protección de mujeres, discapacitados, niños y adolescentes. Los que al convocar procesos de compra para adquirir insumos necesarios para el correcto funcionamiento de programas, realicen convocatorias dirigidas a la agroindustria e industria nacional. Esto siempre que en el mercado existan productores, industrias o fabricantes que demuestren tener capacidad para suministrarlos.
Asimismo, deroga el literal b del artículo 2 del decreto núm. 164-13 del 1 de junio de 2013. Este instruye a las instituciones públicas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06.
Con el objetivo de que las compras y contrataciones que deben efectuar a las micros, pequeñas y medianas empresas, sean exclusivamente de bienes y servicios de origen. Además de manufactura o producción nacional.
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