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Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) ha ordenado la inmovilización de varios bienes del empresario Antonio Espaillat López, propietario del colapsado centro de espectáculos Jet Set, como parte de las investigaciones por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
La medida la ejecutó la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que encabeza Wilson Camacho. Esto, ante la sospecha de que Espaillat habría iniciado movimientos de bienes con el propósito de evitar una posible compensación económica a las víctimas del desplome del techo del establecimiento.
Medidas cautelares para evitar enajenación de propiedades
Entre las acciones procesales, se encuentran oposiciones a traspasos de bienes pertenecientes a las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de otras propiedades asociadas al empresario. Estas medidas buscan garantizar la integridad del patrimonio empresarial, mientras avanza el proceso judicial.
La información fue confirmada por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien dijo que la investigación del Ministerio Público se ampara en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, como vía para aplicar impedimentos cautelares a cualquier transacción accionaria o patrimonial.
“Estas acciones no significan que se esté investigando a Espaillat por lavado de activos. Se trata de una herramienta jurídica que permite frenar de forma preventiva cualquier intento de enajenación de bienes durante la investigación”, aclaró la fuente.
Investigaciones en marcha por parte del Ministerio Público
La investigación incluye una revisión exhaustiva de la documentación corporativa, licencias, pólizas de seguros, condiciones estructurales y cumplimiento de normativas del local donde operaba el icónico centro de entretenimiento.
Aunque Antonio Espaillat ha declarado públicamente su disposición a colaborar con la justicia, las autoridades han procedido con rigor, al considerar que las acciones preventivas son cruciales para proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
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