Nagua, María Trinidad Sánchez. – Lo que inició como un supuesto operativo sanitario terminó desatando una tormenta de indignación en todo el país. Un ciudadano que transportaba varios lechones fue interceptado por autoridades en la comunidad de Abreu, bajo el alegato de que los cerdos no contaban con la documentación requerida. Hasta ahí, el procedimiento parecía rutinario.
Pero lo que ocurrió después ha generado repudio.
Videos difundidos en redes sociales muestran escenas que las han calificado como estremecedoras: los animales los sacrificaron de forma violenta, presuntamente a golpes, en el matadero municipal, en lugar de aplicarse métodos humanitarios establecidos.
La situación encendió el debate sobre el respeto a la Ley 248-12 de Protección Animal, mientras surgen cuestionamientos aún más graves: denuncias indican que, tras el sacrificio, los animales los procesaron para consumo, pese a la supuesta alerta sanitaria.
Organizaciones, comunitarios y ciudadanos exigen una investigación inmediata, advirtiendo que, de confirmarse los hechos, podría tratarse no solo de maltrato animal, sino también de una falta grave en materia de salud pública.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una explicación clara, lo que aumenta la presión social. El caso ya trasciende Nagua y coloca sobre la mesa una pregunta urgente: ¿se están aplicando los operativos bajo la ley… O al margen de ella?
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